Si bien es cierto que la aparición de las TICs permiten desarrollar nuevos negocios y distintas maneras de interactuar entre individuos, ciudadanos, empresas e instituciones públicas, no lo es menos el incremento de riesgo debido a una mayor facilidad de que éstos sean capturados y utilizados por personas con fines distintos de los deseados, generalmente con objeto de causar daños y perjuicios a los afectados. Y del mismo modo que nos encontramos con una herramienta muy potente para el desarrollo de la sociedad, esa misma herramienta puede ser igualmente potente para los defraudadores, delincuentes, terroristas, traficantes, bandas organizadas, etc. con el agravante de que la rapidez de organización con que suelen actuar y ubicuidad prácticamente no tiene límites. España actualmente es el segundo país del mundo en donde se producen más ciberataques, sólo superado por Estados Unidos. Según el informe de 2016 del Ministerio del Interior, el fraude informático no es sólo la categoría delictiva que ha registrado mayor incidencia (un 68,9% del total de hechos conocidos), sino que es de las que más crece conforme pasan los años. Las amenazas y las coacciones son el segundo delito más conocido en Internet (17,2%). Los demás delitos están a cierta distancia de estos dos: falsificación informática (4,1%), superando ese año al de acceso e interceptación ilícita (3,9%), a,contra el honor (2,3%), delitos sexuales (1,8%), interferencias datos y en sistemas (1,7%) y finalmente, contra la propiedad industrial e intelectual (0,2%). Un caso particular en el entorno profesional es el fraude en la publicidad programática. Hoy en día el dato se monetiza fundamentalmente a través de la publicidad. Empresas innovadoras en modelos de negocios basados en publicidad online generan entorno al 90% de sus ingresos por este medio. Debido a estas altas cotas de ingresos, y a la complejidad del ecosistema de la publicidad online que se alcanzan, ha surgido el gran negocio del fraude, que preocupa a los profesionales para los que la publicidad es una partida relevante de sus ingresos. Según un estudio reciente elaborado por Adloox, el coste global del fraude publicitario será en el año 2017 de 16.400 millones de dólares. Aunque no se divisa una solución a corto plazo, parece ser que la base están en mejorar la transparencia en los procesos de compra ya que, según algunos expertos, están compuestas por demasiadas capas. Mientras tanto, es necesaria una colaboración y una actuación conjunta y coordinada entre la industria, los cuerpos policiales, de seguridad y judiciales, tanto a nivel nacional como internacional que minimice y desincentive este tipo de actuaciones. Esta sesión dará una visión conjunta y amplia de la problemática del fraude y del ciberataque, los medios que hay para erradicarlo y prevenirlo, las actuaciones de las instituciones, a nivel policial y judicial,y el papel activo que pueden llevar a cabo la sociedad, individuos, empresas e instituciones, para prevenirlo. Se hablará de las actuaciones llevadas a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los procedimientos legales existentes para perseguir los delitos relacionados con el uso y negocio del dato. Además el panel presentará soluciones tecnológicas disponibles para la lucha contra el fraude en el negocio del dato, especialmente centradas en el negocio de la publicidad online. Se responderán a cuestiones como: ¿Cuál es el modus operandi de los defraudadores en general y particularmente en la publicidad? ¿Cómo se tiene que actuar cuando se produce un caso? ¿Existe una real y efectiva colaboración entre los órganos policiales y los jueces? ¿Qué se echa en falta en esa coordinación? ¿cuáles son las prácticas más efectivas de prevención? En el caso de fraude en la publicidad ¿cómo puede la industria actuar para erradicar este problema, con qué herramientas cuenta y hacia dónde se está avanzando?